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Concejo Municipal propone política para ayudar a trabajadores temporales extranjeros indocumentados

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Montreal Hispano

Un Comité del Concejo Municipal, ante la gran ola de inmigrantes indocumentados que ha llegado a Edmonton, ha propuesto la redacción de una política de “acceso sin miedo” para que estos puedan acudir a los servicios gubernamentales y policiales, sin temor a ser denunciados ante la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.

Los cambios realizados en 2015 por el Gobierno Federal al programa de trabajadores temporales extranjeros, instaurando un límite de cuatro años para su renovación, ha generado que miles de nuevos permisos sean denegados, incluso para familias que llevan más de una década en el país.

Marco Luicano, director ejecutivo de Migrante Alberta, una organización en defensa de los trabajadores temporales extranjeros considera que es fácil decir “has terminado tu permiso de trabajo, ¿por qué no regresas a casa?”. “Muchos de estos migrantes vinieron aquí porque no hay oportunidad en casa. Ellos pasan hambre cuando se quedan en casa” explicó Luicano.

El Gobierno Conservador Federal implementó el límite de cuatro años de duración de los trabajadores extranjeros temporales en 2015. Ahora, los funcionarios de la agencia comunitaria estiman que hay entre 10.000 y 25.000 personas en Edmonton sin estatus migratorio o con una situación de inmigración incierta.

La mayoría de ellos son trabajadores extranjeros temporales a quienes se les han caducado los permisos, según las agencias comunitarias que hicieron presentaciones al Comité de Servicios Comunitarios del Concejo.

Asimismo, explicaron que muchas de las personas con un estado de inmigración incierto tienen miedo de acceder a los servicios gubernamentales o hablar con la policía, ya que creen que los funcionarios los podrían denunciar a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y ser deportados.

Esta propuesta de política de “acceso sin miedo” tendrá que ser revisada el próximo año para su aprobación final. En muchas ciudades del país, se han creado políticas similares que impiden que el personal gubernamental solicite o comparta información sobre el estatus de inmigración y asegure que los servicios básicos puedan ser obtenidos ​​por aquellos con pocos documentos.

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